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Impunidad y religión en Chile

Impunidad y religión en Chile

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En 2005 el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica chilena recibió una denuncia contra uno de sus más destacados sacerdotes.

Se trataba de Fernando Karadima, de 80 años, párroco de una de las iglesias más importantes del barrio alto, capellán de colegios de la clase alta, fundador del movimiento "Acción Católica", por donde pasaron como adolescentes cinco actuales obispos católicos chilenos.

La acusación indicaba que Karadima había cometido abusos deshonestos contra un muchacho en los años 80, hoy convertido en un destacado médico. El caso fue archivado a poco andar por el ahora cardenal arzobispo de Santiago, la capital, Francisco Javier Errázuriz.

Hace ocho meses, cuando el mundo se remecía con el caso de Marcel Maciel, el programa del canal TVN "Informe Especial" realizó un completo reportaje que cautivó a la teleaudiencia con la historia oculta del mexicano fundador de Los Legionarios de Cristo. Al día siguiente, la periodista Paulina de Allende Salazar recibió un llamado en su oficina: "En Chile también tenemos un Maciel... averigüen", fue el mensaje. Desde ese momento comenzó una investigación periodística que tuvo su resultado el lunes recién pasado, cuando otro reportaje del mismo programa develó los entretelones del caso que la Iglesia Católica no quiso investigar, con cinco testimonios de presuntos abusados por Karadima.

Chile no ha estado ajeno al escándalo mundial por la forma en que la Iglesia Católica ha enfrentado los casos de pedofilia en sus bases, ocultando en todas partes del mundo a los abusadores y olvidándose de las víctimas.

Ha surgido en mi país, a propósito de este caso, un fuerte debate sobre la impunidad de la que gozan los jerarcas católicos. Se ha recordado cómo a mediados de los 90 el entonces obispo de La Serena (500 km al norte de Santiago), Francisco José Cox tuvo que renunciar a su puesto y fue trasladado a Colombia luego de hacerse públicos los abusos que por años cometió contra jóvenes chilenos. La Iglesia Católica, entonces, explicó que su traslado era por "conductas impropias". La justicia ordinaria nunca supo del caso. O no quiso hacer nada.

En este país los obispos o cardenales son verdaderas autoridades y la curia defiende la preeeminencia de la justicia eclesiástica por sobre la civil debido a que es "más antigua que el Estado chileno".
El Ministerio Público, o fiscalía, nombró al fiscal Xavier Armendáriz para investigar el caso que ahora está en la justicia ordinaria, y éste se ha apurado en aclarar que "la ley no hace diferencias entre las personas, por tanto la investidura del acusado no influirá en la investigación". No tendría que haberlo dicho si es que realmente la gente no pensara que ocurre todo lo contrario, que un sacerdote (más tratándose de uno poderoso) no es igual que un ciudadano común y corriente y que si los medios o la opinión pública no siguen de cerca el caso, no habrá sanciones.

Diputados, senadores y destacados políticos han salido además a defender la inocencia del acusado hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, el público ya se hizo un juicio al ver las lágrimas en cámara de James Hamilton, un doctor prestigioso, padre de familia, de excelente situación económica, quien el lunes en TVN contó ante las cámaras, con lujo de detalles, los abusos de que fue víctima cuando tenía 17 años.

Avergonzado, el cardenal Errázuriz, sobre su actuación hace cinco años sólo se ha limitado a decir que "no tenía antecedentes para seguir investigando", mientras las víctimas se quejan de que nadie de la Iglesia Católica los acogió ni dio crédito a sus testimonios. Hasta que la prensa hizo público el caso.

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