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EN NOVIEMBRE DE 2002, la Iglesia Católica chilena informó que el ex obispo de La Serena (ciudad ubicada 470 kilómetros al norte de Santiago), Francisco Javier Cox  se retiraba de la “actividad pastoral” para dedicarse al estudio y la reflexión en Colombia.

Por esos años, la prensa nacional registró el hecho deslizando las razones de fondo con timidez. Hoy se conoce que el religioso fue separado de sus funciones por denuncias de abusos sexuales contra menores.

Pero ni los diarios ni los canales de televisión dieron espacio a las denuncias, a los detalles, ni nadie pidió que el caso pasara a los tribunales de justicia.

Nueve años después, la situación es radicalmente distinta. Hace dos semanas la Conferencia Episcopal, con una treintena de obispos, hizo público un nuevo protocolo que seguirá la Iglesia Católica para enfrentar las denuncias que puedan llegar a su jerarquía.

Este protocolo incluye plazos cortos para investigar, la no prescripción y también la creación de una comisión que velará porque las víctimas reciban atención sicológica y espiritual.

Esto, porque al igual que en el resto del mundo, han aparecido una serie de denuncias que han enlodado incluso al ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.  Este fue acusado en un programa de televisión de haber demorado una investigación contra Fernando Karadima, una suerte de Marcel Maciel chileno, quien encabezaba una parroquia que fue la cuna de cinco actuales obispos y muchos otros sacerdotes, y que acaba de ser sancionado por el mismo Vaticano por abuso. Errázuriz recibió las denuncias y las archivó. Y eso ahora la prensa lo registra con muchos detalles.

Algo está cambiando en la sociedad chilena.

El agnosticismo ha crecido de un 4% en el censo de 1992 a un 16% en el 2002 y se presume que en el que se hará el próximo año, el porcentaje tendrá otro salto. Esto hace que la Iglesia Católica no tenga el respeto de antaño (un 70% de los chilenos se declara católico) y que sin ese poder, la prensa se atreva a desnudar las muchas estrategias que tenía para evitar que sus sacerdotes llegaran a la justicia y simplemente trasladarlos a otros lugares donde tenían libertad para seguir cometiendo sus delitos.

Sólo en lo que va de este año han aparecido con profusa cobertura dos casos emblemáticos en la prensa nacional. Sor Paula, una religiosa que encabezaba un exclusivo colegio de Santiago, quien fue acusada de abusos deshonestos contra alumnas. Y el de un párroco que fue llevado a la justicia y condenado a 15 años de prisión por haber violado a menores de edad y grabado videos con las agresiones para luego subirlas a Internet.

La prensa se ha liberado. Y eso es una buena noticia para los periodistas, quienes ahora se atreven a escribir y hablar de religiosos sin que los editores moderen los adjetivos o reduzcan el espacio de estas informaciones.